Lamentables retrocesos en transparencia universitaria

Gonzalo Delaveau

Por primera vez desde la promulgación de la ley sobre acceso a la información pública, ocurre que a propósito de una fiscalización de transparencia activa realizada por el Consejo para la Transparencia, un sector de los sujetos obligados, en este caso las universidades Estatales, caen en su nivel de cumplimiento.

Se trata de una preocupante señal, ya que al parecer, algunas de las universidades del Estado se han relajado en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, lo que implica un retroceso en la aplicación del principio de acceso a la información en un sector que hoy, como nunca en su historia, debe responder a una serie de demandas de la propia ciudadanía.

El presidente del Consorcio de Universidades Estatales, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle Acevedo, señaló que -en su parecer- la norma se cumple mayoritariamente, lo cual es efectivo ya que el porcentaje de cumplimiento que revela la fiscalización del Consejo para la Transparencia alcanza a 85%. Pero las leyes y en general todas las normas no se dictan para cumplirse en un porcentaje sino en su totalidad, más aún, tratándose de entidades que deben dar cumplimiento a una ley de tanta relevancia social como esta. Es de esperar que las autoridades no se dejen estar y se comprometan a cumplirlas ya que las normas de transparencia activa constituyen apenas un mínimo, un “desde”, no existiendo en la actualidad excusas para no lograr un porcentaje de cumplimiento mucho mayor.

Otro aspecto que nos preocupa, y que devela la reciente fiscalización del Consejo para la Transparencia, es el bajo porcentaje de cumplimiento que las llamadas universidades del Estado obtienen en el ítem relativo a la facilidad del uso de la información publicada, alcanzando un magro resultado de 61,33% de cumplimiento. En este sentido, como tantas otras veces, volvemos a reiterar, que no basta con “subir” la información exigida por la ley si ésta no es usable, manejable ni entendible para el ciudadano común, equivalente a no publicarla. La normativa en este punto es clara y señala que la información debe disponerse de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

Como Chile Transparente, consideramos que en donde se invierten dineros de todos los chilenos, debe existir transparencia y fácil acceso a la información, por lo que estimamos que se debe avanzar en la línea en que lo ha ido haciendo el Consejo para la Transparencia. En tal sentido, y como uno más de los organismos de la sociedad civil, Chile Transparente, seguirá abogando por la transparencia y pronta aprobación de las reformas a la ley de acceso a la información y probidad que esperan (pacientemente) su despacho en el Senado. Por último, valoramos la posición del rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, quien ha indicado que las universidades públicas no estatales o tradicionales -como se las denomina habitualmente-, han iniciado un proceso de creación de páginas de transparencia activa. Esperamos que todas las instituciones de educación superior se unan a esta sana práctica, especialmente aquellas universidades que reciban algún tipo de aporte público.

Si el Estado va a invertir más dinero en el sistema universitario, ya sea de manera directa o mediante el pago de los aranceles de los estudiantes, se requiere una mayor transparencia de todas las casas de estudio, de forma tal que esos recursos lleguen, efectivamente, a sus destinatarios finales entregándoseles una educación de calidad que nos permita como país seguir avanzando hacia el desarrollo.

La transparencia en el sector de la educación es indispensable para validar cualquier modelo educativo que se quiera implementar y en la medida que sea asumida por todas las universidades, conjuntamente con el debido control de eventuales conflictos de interés -especialmente en lo que se refiere a operaciones entre partes relacionadas-, estamos convencidos será un elemento que permitirá la existencia del modelo de universidades públicas y privadas unido a las reformas que apunten a mejorar la calidad respecto de la importante función que cumplen en el desarrollo del país.